SENTENCIA ORAL

yjimenez

 

Resolución:  2009-1067

Expediente: 07-002723-0275-PE(5)

 

          TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil nueve.

          RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra RONALD ESTEBAN DURIEZ RODRÍGUEZ, mayor, costarricense, soltero, cédula 1-1363-0441, nacido en San José, el cinco de setiembre de 1988, vecino de San José, Barrio Cuba, de la Escuela el Carmelo 50 al sur, casa de color crema de cemento de una planta, hijo de Jacqueline Rodríguez Mena y Ronald Duriez Duriez, por el delito de DAÑO AGRAVADO en perjuicio de LUIS MANUEL CANELO LÓPEZ. Intervienen en la decisión del recurso, las jueces Sandra Zúñiga Morales e Ingrid Estrada Venegas y el juez Alfredo Chirino Sánchez. Se apersonaron en casación la licenciada Natalia Hidalgo Porras en condición de Abogada de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y la licenciada Carolina Soto Fonseca, representante del Ministerio Público.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 49-09 de las dieciséis horas treinta y ocho minutos del dieciséis de enero del año dos mil nueve, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 265, 266, 268, 269, 341 a 355, 356 a 359, 360 a 366 y 370 del Código Procesal Penal; 1, 9, 30, 45, 53, 54, 55, 59 a 63, 71 y 228 del Código Penal; artículo 1048 del Código Civil; artículos 122 a 138 del Titulo IV del Libro 1 del Código Penal de 1941, vigentes de acuerdo con la Ley número 4891 de 8 de noviembre de 1971; Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado N0 32493; el Tribunal de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José resuelve: A. RESPONSABILIDAD PENAL: Se declara a RONALD ESTEBAN DURIEZ RODRÍGUEZ autor responsable de dos delitos de DAÑOS cometidos en perjuicio de Vera Collado Alguera y Canelo y Angulo Sociedad Anónima, y en tal carácter se le impone la pena de quince días multa por cada uno de los dos delitos, para un total de TREINTA DIAS MULTA a razón de dos mil colones por día, para un total de SESENTA MIL COLONES, monto que deberá depositar dentro de los quince días posteriores a la firmeza del fallo a la cuenta a nombre del Patronato de Construcciones y edificaciones de Adaptación Social, en la cuenta 034870-6 del Banco Nacional de Costa Rica. Se le advierte que de no pagar la multa, la pena se convertirá en un día de prisión por cada día multa, pena que deberá descontar en los lugares y bajo las condiciones que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios a la orden del Instituto Nacional de Criminología, previo abono de la prisión preventiva que hubiera descontado en caso de haberla. En éste último caso, de no pagar la multa y convertirse la sanción impuesta en pena de prisión, se le concede el beneficio de ejecución de la pena por el plazo menor de tres años, advertido que si dentro de ese plazo comete un nuevo delito doloso sancionado con pena superior a los seis meses de prisión, deberá descontar la pena de prisión pendiente, más la pena ó penas que se le lleguen a imponer. Firme éste fallo inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes, y remítanse los testimonios de sentencia ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. B. RESPONSABILIDAD CIVIL: Se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCIÓN CiVIL RESARCITORIA establecida a favor de la persona jurídica CANELO & ANGULO SOCIEDAD ANÓNIMA en su condición de propietaria del vehículo placas 441936, y se condena a RONALD ESTEBAN DURIEZ RODRIGUEZ en su condición de demandado civil a pagarle a la citada sociedad la suma de doscientos siete mil sesenta y cuatro colones con cincuenta céntimos por concepto de daño material. Sobre esa suma se condena al demandado civil a pagar las costas personales, las que se fijan en la suma de setenta y tres mil novecientos noventa y cinco colones, que corresponde al monto solicitado por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, suma inferior a la que correspondería de haberse aplicado el articulo 42 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado. Se rechaza por improcedente el cobro del daño moral solicitado a favor de Luis Manuel Canelo López. Se le previene al demandado civil que dentro del plazo de quince días contados a partir de la firmeza de la presente sentencia, deberá pagar por simple orden de éste Tribunal a favor de Canelo & Angulo Sociedad Anónima y de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima las sumas otorgadas por concepto de daño material y costas respectivamente. En caso de que el señor demandado no realice de manera voluntaria y espontánea ese pago, deberán acudir las partes interesadas a la vía civil para proceder al cobro coactivo de dichos montos a través del procedimiento de ejecución de sentencia. Con la exposición oral de la sentencia quedan debidamente notificadas todas las partes. Juez GustavoAdolfoJlinénezMadriga. (sic)”. 

         II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación la licenciada Natalia Hidalgo Porras en condición de Abogada de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

         III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza de Casación Penal Zúñiga Morales; y,

CONSIDERANDO

          I.- Con fundamento en los artículos 422 y 423 (actuales 437 y 438) del Código Procesal Penal, la licenciada Natalia Hidalgo Porras, en su condición de abogada de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y como representante civil del ofendido y actor civil Luis Manuel Canelo López, formula recurso de casación en contra de la sentencia Nº 49-2009, de las 16:38 horas del 16 de enero de 2009 que declaró al imputado Ronald Esteban Duriez Rodríguez, autor responsable del delito de daños, cometido en perjuicio de Vera Collado Alguera y Canelo y Angulo Sociedad Anónima; asimismo, declaró parcialmente con lugar la acción civil resarcitoria establecida por Canelo & Angulo Sociedad Anónima, como propietaria del vehículo placas 441936.

          II.- Único motivo de recurso.  La gestionante acusa violación a las reglas de la sana crítica, en concreto, al principio de coherencia porque asegura que la fundamentación del pronunciamiento resulta contradictoria, explica: “La sentencia de cita, resuelve… que el ofendido Luis Manuel Canelo López, al no figurar como propietario registral del vehículo, no se encontraba legitimado para reclamar el daño moral sufrido como consecuencia de los hechos acusados, puesto que no podía aceptarse que el señor Canelo López, pudiese cobrar daño moral por los daños ocasionados a un vehículo propiedad de una Sociedad Anónima.” (Cfr. folio 187)  Tesis no compartida por la impugnante al estimarla incongruente con las declaraciones dadas por Vera Collado, María del Carmen Umaña y Ángel Sánchez, quienes indicaron con claridad que los vehículos era propiedad de Vera Collado y Luis Canelo. Solicita la corrección del fallo o, subsidiariamente, se ordene el reenvío del proceso para una nueva sustanciación conforme a derecho.  Se anula el pronunciamiento, por las siguientes razones.-  Ya este Tribunal, mediante resolución de las 13:40 horas del 22 de enero del 2009, dictada dentro del expediente judicial número 07-005512-0042-PE que es causa por el delito de Posesión de Droga y Tráfico Internacional de Droga Agravado y otros, en perjuicio de La Salud Pública y otro, formuló consulta judicial facultativa sobre la práctica de dictar de manera oral las sentencias; aspecto sobre el cual la Sala Constitucional mediante voto 3117-2009, de las 15:03 horas del 25 de febrero de 2009 estableció: “… estima la Sala que la práctica judicial, de omitir la redacción de la sentencian (sic) documento, sustituyendo éste por una resolución emitida en forma oral no es contraria al principio de legalidad, ni contraria a ningún derecho constitucional, o convencional, siempre y cuando se suministre a la parte el registro audiovisual en DVD, o en cualquier otro medio que permita la reproducción de ese registro y se le provea, en las instalaciones del Poder Judicial, de los medios necesarios para accederla, en caso de que no cuente con los recursos propios para ello.”  Incluso en ese mismo pronunciamiento consta de forma expresa, el cambio de criterio que sobre ese particular, da la Sala Constitucional, indica: “El dictado de la sentencia en forma oral y debidamente documentada con medios audiovisuales garantiza que los jueces que participaron en el debate son los redactores de la resolución, con lo cual se asegura plenamente la identidad del juzgador y la transparencia de la actuación. Mediante esta resolución, la Sala Constitucional varía el criterio vertido en su sentencia número 1025 de las 10:30 horas del 29 de agosto de 1990 que indicó:. “la sentencia acto, aunque diversa de la sentencia documento, no existe mientras no se plasme en el acto externo que es el documento que la exprese”. En aquel momento, el único documento posible para registrar la decisión era el papel. En este momento, resulta claro que existen otras formas de registro. De manera que la sentencia es, como lo reconoce parte de la doctrina “el acto de decisión motivado del Juez o Tribunal competente para conocer de la fase de juicio, fundado en el resultado del mismo, que pone fin al proceso, resolviendo definitivamente las pretensiones de las partes” En Costa Rica, dicho acto se cumple cuando el tribunal toma la decisión respecto de los aspectos sometidos a su conocimiento y expresa a los presentes una explicación de su razonamiento. En todos estos actos debe participar el tribunal con su total integración. La sentencia como acto jurisdiccional no debe ser confundida con el documento o papel que eventualmente sirva de registro de lo resuelto.”  Sin embargo, al entrar a valorar el reproche formulado por la accionante, en torno a la fundamentación intelectiva del pronunciamiento, se advierte un vicio que acarrea la nulidad absoluta de la sentencia ahora impugnada. Escuchada la grabación del debate se constata que el juez al convocar a las partes a efecto de emitir la sentencia oral, manifestó: “Vamos a identificar el expediente para que quede debidamente individualizado el DVD en, para diferenciarlo, es la sentencia que se va a dictar en el expediente 07-2723-275-PE, es la sentencia 49-09 que se dicta en el proceso que se ha seguido Ronald Esteban Duriez Rodríguez,  costarricense…   En este caso eh, al señor Duriez Rodríguez se le atribuyeron la relación de hechos que se describe  a folios 107, 108 y 109 del expediente  supracitados, los cuales fueron debidamente expuestos por la señora fiscal y escuchados por el acusado atentamente.  El debate de este proceso se llevó a cabo…. ”  (Archivo Nº c000009011617000,  09/01/  de las 17:19:07 horas a  las 17:21:17).  Como se observa surge un vicio que acarrea inexorablemente la nulidad del pronunciamiento, la omisión por parte del juzgador de describir el cuadro fáctico imputado por el Ministerio Público al encartado Ronald Esteban Duriez Rodríguez, extremo sobre el cual esta Cámara ha sostenido ya en reiteradas ocasiones, que ese tipo de práctica incumple con una exigencia elemental y de suma importancia: la sentencia debe bastarse por sí misma. Omitir incluir dentro del pronunciamiento los hechos imputados (o referir a las partes a documentos o grabaciones del proceso) significa incumplir con uno de los requisitos establecidos por ley, en concreto, de lo dispuesto en el artículo 363 inciso a) del Código Procesal Penal (“La sentencia contendrá: a) La mención del Tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio.); además, impide o dificulta verificar el principio de correlación entre acusación y sentencia, obligando a las partes o al ciudadano común a acudir a otros documentos (videos, grabaciones, etc.) para buscar la pieza acusatoria propuesta por la parte acusadora. Sobre ese particular se ha indicado: ‘La sentencia dictada en forma oral debe tener los mismos contenidos que la ley establece para la sentencia escrita (que en todo caso es la prevista por ley), y la falta de enunciación del hecho acusado es un defecto que causa la nulidad de la sentencia, pues no permite determinar cuáles son los hechos que quedan cubiertos por la cosa juzgada material, ni corroborar la correlación entre acusación y sentencia (artículo 365 del Código Procesal Penal), lo que ha considerado reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo las sentencias Nº 351 de las 9:45 hrs., del 18 de diciembre de 1987; V-325-F de las 9:10 hrs. del 19 de agosto de 1994: Nº 46 de las 9:40 horas del 15 de enero de 1999).  Considera este Tribunal que no es válido hacer una remisión al registro audiovisual de la audiencia (al archivo del DVD correspondiente al debate), sino que la sentencia debe bastarse a sí misma para ser eficaz, y contener la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya a los imputados.  Conforme al artículo 178 inciso a) del Código Procesal Penal esta nulidad es declarable de oficio, porque la omisión implica la inobservancia de una disposición concerniente a la forma cómo al imputado debe dársele intervención en el proceso, violatoria de la norma constitucional sobre la defensa en juicio (artículo 39).  Se anula la sentencia impugnada y se ordena el reenvío del proceso al competente para su nueva sustanciación…‘ (Tribunal de Casación Penal, Nº 632 de las 10:25 horas del 16 de junio de 2009, en igual sentido las Nº 713 de las 15:15 horas del 3 de julio de 2009, Nº 803 de las 15:15 horas del 24 de julio, Nº 895-2009 de las 9:55 horas del 14 de agosto de 2009). Vicio que conforme la transcripción supra realizada, se materializó también en este proceso. Por ende, se anula la sentencia y se ordena su reenvío para una nueva sustanciación conforme a derecho. En razón de lo resuelto deviene innecesario hacer pronunciamiento respecto al reclamo formulado por la gestionante.

POR TANTO:

Se anula la sentencia y se ordena el reenvío del proceso al competente, para su nueva sustanciación. En razón de lo resuelto deviene innecesario hacer pronunciamiento respecto al reclamo formulado por la gestionante. NOTIFÍQUESE.-

 DOCUMENTO COMPLETO AQUI

Sandra Zúñiga Morales

 

 

Alfredo Chirino Sánchez                                                   Ingrid Estrada Venegas

Juezas y Juez de Casación

Expediente: 07-002723-0275-PE(5)

Contra: Ronald Esteban Duriez Rodríguez

Delito: Daño agravado

Ofendido: Luis Manuel Canelo López

Yjiménez

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s